Ayer se firmó por parte de los representantes del Gobierno central y del Vasco la transferencia de las políticas activas de empleo.
Las políticas activas de empleo son, sobre todo, los cursillos de formación para los parados y la intermediación en el mercado laboral, es decir, la recogida de las ofertas de trabajo y cruzarlas con las demandas. También incluye la formación continua. Las políticas activas ya estaban transferidas al resto de comunidades autónomas y el País Vasco, junto a Ceuta y Melilla, eran las que quedaban por recibir esta materia.
El traspaso de las políticas activas también supone, en el caso vasco, que se transfiere a Lanbide las funciones en este terreno del INEM, con sus locales y personal, por lo que Lanbide aumentará su dotación de oficinas y empleados hasta superar las 40 y los 500 trabajadores.
El elemento más problemático y que ha causado más debate no ha sido este apartado de gestión sino también incluir el traspaso de las bonificaciones de las que se benefician las empresas por contratar. Esta competencia no la tiene ninguna otra comunidad autónoma, y de hecho el traspaso de las bonificaciones a la contratación ha causado las mayores críticas y dudas porque podría dar lugar a la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. El Gobierno central y el PNV han defendido que no se produce ninguna ruptura de la caja única porque estas bonificaciones las gestiona el Ministerio de Trabajo, no la Seguridad Social.
Otra cuestión que también se ha discutido es cómo se aplicaría el 6,24% (índice de imputación del cupo) a este apartado de cotizaciones e incluso si la competencia puede resultar deficitaria (que el Gobierno Vasco pagase más de lo que descontase vía cupo). En todo caso, habrá que esperar a ver cómo se sustancia esta competencia.
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