Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron el pasado día 24 de junio un acuerdo político para que los países puedan reaccionar de manera rápida contra el fraude relacionado con el cobro y declaración del IVA. Para ello respaldaron la creación de un «mecanismo de reacción rápida» que permitirá a los países actuar con urgencia en el caso de que detecten casos de fraude repentino y masivo.
Hasta ahora los Estados miembros que descubrían este tipo de fraudes debían solicitar autorización a la Comisión Europea (CE) y al Consejo de la UE para actuar, lo que ralentizaba el proceso y daba margen a los defraudadores.
Con la nueva normativa, el país deberá notificar a la CE su intención de poner en marcha el mecanismo, tras lo que el Ejecutivo comunitario dispondrá solo de un «periodo corto» para dar luz verde o presentar sus objeciones, una decisión que deberá tener en cuenta la postura del resto de los socios.
El «mecanismo de reacción rápida» solo podrá aplicarse hasta fin de 2018, de manera que si los Veintisiete desean prolongarlo, será necesario que la Comisión Europea (CE) presente una nueva propuesta que cuente con el respaldo de los Veintisiete por unanimidad.
El Ecofin respaldó otra normativa que permitirá a los países poner en marcha en un mes, de manera voluntaria y temporal, un mecanismo de cobro inverso, según el cual, al contrario de lo que ocurre normalmente, se responsabiliza del pago del IVA a la parte que normalmente es receptora de este impuesto.
Su objetivo es combatir engaños como el llamado «fraude carrusel», que se produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.
Esta medida se podrá aplicar solo en varios sectores tecnológicos -telefonía móvil, dispositivos de circuitos integrados, servicios de telecomunicaciones, consolas de videojuegos, tabletas y ordenadores-, así como en el de los cereales y los cultivos industriales, y en el de los metales en bruto y semielaborados.
El mecanismo de cobro inverso también expirará a finales de diciembre de 2018.
Pese a las dificultades para cuantificar el impacto de los fraudes relacionados con el IVA, la Comisión calcula que las pérdidas podrían ascender hasta los 106.700 millones de euros en toda la UE, según datos de 2006. Fuente
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