La reciente propuesta desde la Generalitat (Pere Aragonès, como receptor de la propuesta de la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas fue lo primero que se publicó) de establecer algún sistema privativo de financiación para Catalunya ha puesto de nuevo en las noticias, primero, la demanda de una financiación singular para esta Comunidad y, de rebote, la existencia, aunque sea como un modelo relativo, en el sistema constitucional español de 1978 de dos sistemas peculiares (para algunos privilegiados) de financiación como es el Concierto Económico vasco y el Convenio Económico navarro.
Pues bien, no es la primera vez que se plantea algo así desde Catalunya, ni será la primera vez que en el entorno de esa reivindicación surge el interés por un sistema tan extraño como el Concierto (o Convenio).
En 1898 la Diputación Provincial de Barcelona ya estudió un proyecto para pedir que se pudiera encargar «mediante oportuno concierto con el Gobierno los servicios de reparto, recaudación é investigación de contribuciones directas en esta provincia». Para ello pidieron información y permiso para visitar a las Diputaciones vascongadas porque antes de hablar con el Gobierno querían saber cómo funcionaba el sistema concertado. La Diputación vizcaína se limitó a enviarles una somera relación de la legislación que aprobó y renovó el Concierto desde 1878 hasta ese mismo año de 1898.
No hay que olvidar que, en ese momento, con la derrota ante los norteamericanos en Cuba, tomó impulso el regeneracionismo y en una de esas iniciativas el General Polavieja, en septiembre de 1898, había manifestado la necesidad de, entre otras reformas, incidir en la descentralización administrativa. Este manifiesto fue bien recibido por la burguesía catalana, parte de la cual apoyó a Polavieja que les prometió el Concierto Económico.
Tras la muerte de Franco y el comienzo de la Transición se desarrolló todo el proceso negociador que acabará derivando en la Constitución de 1978, dentro de la que entró el “estado de las autonomías”, es decir, establecer ese ansiado para algunos sistema de descentralización con unas autonomías con un efectivo poder político –no como una simple operación de maquillaje o de descentralización administrativa– que permitiría una modernización del avejentado sistema franquista.
Pues bien, la herramienta para la financiación de estas nuevas entidades se materializó en 1980 mediante la LOFCA, un sistema basado esencialmente, aunque modulado con el tiempo, en que el Estado recaudaba los tributos y transfería recursos para cubrir sus competencias a las Comunidades Autónomas. Además, quedaron el Convenio navarro, renovado desde 1841 en 1877, 1927 y 1969, y el Concierto Económico vasco, vigente hasta 1937 en Bizkaia y Gipuzkoa, pero que en Álava continuaba tras sus renovaciones de 1952 y 1976.
En esta tesitura según diferentes testigos del momento, por ejemplo, Pedro Luis Uriarte o Juan Mª Ollora, a los catalanes se les ofreció un Concierto que rechazaron por dos motivos esenciales: el primero porque no se quería relacionar una institución autonómica recién recuperada, como era la Generalitat, con algo tan impopular como la recaudación fiscal en un momento además en que se pretendía modernizar el anquilosado sistema tributario con un IRPF moderno, con lo que el número objetivo de contribuyentes se multiplicaría. Y, en segundo lugar, los catalanes no tenían la intención de correr el riesgo unilateral, es decir, querían tener la seguridad de la suficiencia que no les daba el Concierto.
El proceso evolutivo del sistema LOFCA no estuvo exento de problemas, pero el de Concierto tampoco. En todo caso experimentó cambios. Uno y otro, en general tendencia hacia el aumento de recursos o participaciones de las CA a los ingresos del Estado y, en el segundo caso, si bien hubo conflictos –como el de las vacaciones fiscales– en 2002 se renovó indefinidamente después de casi 125 años de provisionalidad.
El término “pacto fiscal” fue acuñado, en este contexto, por Jordi Pujol en 1998, dentro del proceso de apoyo parlamentario a Aznar, pero fue en 2005, al calor de la reforma del Estatuto catalán, cuando se volvió a plantear en algunos foros. En varios de sus borradores previos se incorporaba la pretensión de un sistema similar al concertado, aunque sin incurrir en el riesgo unilateral característico del Concierto vasco. De hecho, en los últimos borradores de reforma del Estatuto se indicaba la obligatoriedad de alcanzar la cuota de gasto disponible per cápita del País Vasco y Navarra en un plazo predeterminado.
Al calor de la campaña electoral para las elecciones el Parlamento catalán de noviembre de 2010 se volvió a la demanda concreta de un Concierto desde Convergencia i Unió. Tras la negativa del Gobierno de Rajoy, en el Parlamento catalán en el verano de 2012 se debatió una propuesta de Mas de Pacto Fiscal, que fue aprobada, de un nuevo modelo de financiación para Cataluña similar al Concierto Económico vasco. Muestra de que la iniciativa gozaba de ciertas simpatías fuera de los proponentes fue que Ernest Maragall (por entonces en el PSC) se desmarcó de la disciplina de su grupo y apoyó el concierto.
De nuevo, por lo tanto, vemos una propuesta de concierto o similar, todavía de límites y detalles imprecisos. En todo caso, no está de más advertir que uno de los puntos de apoyo de la propuesta de Pacto Fiscal es partir de la base de que el País Vasco no aporta a la solidaridad entre Comunidades, y eso no es así en la medida en que se aporta por medio del cupo al Fondo de garantía interterritorial. Por otra parte, la tradición de la reivindicación catalana parte del miedo al riesgo unilateral y a relacionar su aportación a las arcas del Estado con su PIB.
Llegado el caso, si llega, se verá la letra pequeña de la propuesta y entonces veremos qué es lo que realmente quiere, en medio de una campaña electoral, ERC.
Eduardo J. Alonso Olea
Centro Ituna (UPV/EHU)