La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del régimen común que presentó recientemente el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, ha generado toda una serie de reacciones en las comunidades autónomas.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, no obstante, ha recordado que se trata de un primer borrador y que esperan las aportaciones de las comunidades para debatir cuál es el peso que tiene que tener cada factor que incide sobre la financiación autonómica. En este contexto, han surgido voces en algunas comunidades que reivindican extender el sistema fiscal del Concierto Económico a sus regiones.
En Galicia, Ana María Pontón, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y líder de la oposición el parlamento gallego, ha retomado su propuesta de implementar un sistema de financiación con el objetivo de incrementar “de modo sustancial” los recursos y la “autonomía fiscal” de la región. Según Pontón, esto no se solucionaría con incrementar los recursos que Galicia recibe del Estado, si no por permitir que la región recaude el 100% de los tributos, como el IVA, IRPF o Sociedades, y posteriormente “hacer cuentas con el Estado”. El parlamento Gallego ha convocado una comisión a propuesta de BNG, en el que también participarán el PP y el PSOE, con el objetivo de adoptar una postura común y consensuada para Galicia en el marco del debate de la reforma del modelo de financiación autonómica.
Siguiendo la misma línea argumental, también han defendido transitar hacia un modelo de Concierto Económico en las Islas Baleares los partidos regionalistas de Més per Mallorca y Pi-Proposta per les Illes. Ambos partidos se han mostrado críticos con la nueva propuesta de financiación del Gobierno ya que ésta no hace referencia a la condonación de la deuda histórica derivados de la “financiación discriminatoria”, que según las estimaciones de Més, alcanzaría los 5.000 millones de euros. Por ello, consideran necesario un aumento de los recursos propios y desarrollar la “soberanía fiscal” del archipiélago, y eso pasaría necesariamente por la cesión de tributos como el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades, y transferir posteriormente una parte al Estado por los gastos comunes.