La Comisión Europea propone reformar el proceso de toma de decisiones en materia de fiscalidad de la UE

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Actualmente las decisiones en materia de fiscalidad requieren de la unanimidad de los Estados miembro que conforman el Consejo.  La Comisión ha puesto sobre la mesa una propuesta para reformar el sistema actual de toma de decisiones y extender el sistema de mayoría cualificada también al ámbito de la fiscalidad.

A día de hoy, los asuntos fiscales se rigen dentro del grupo de procedimientos legislativos especiales. El Parlamento Europeo debe ser consultado sobre las propuestas legislativas elaborardas por el Consejo en materia fiscal, pero su dictamen no es vinculante. De tal manera, el Consejo es en la práctica el único legislador. Las decisiones en materia fiscal requieren de la unanimidad en el Consejo de los Estados miembro. Por lo tanto, cualquier Estado tiene la capacidad de veto, obstaculizando enormemente la posibilidad de alcanzar acuerdos y limitando el margen de actuación de la UE en materia tan sensible como la fiscalidad.

Recientemente la Comisión ha presentado un comunicado proponiendo reformar gradualmente el actual sistema de toma de decisiones con el fin de empezar a aplicar el procedimiento legislativo ordinario también en materia fiscal. De este modo, el Consejo y el Parlamento Europeo actuarían como co-legisladores a la hora de adoptar y aprobar medidas fiscales, corrigiendo en cierto modo el estado actual de déficit democrático que acompaña a las políticas fiscales de la UE. Asimismo, también se reformaría el sistema de votación en el Consejo, que pasaría de requerir la unanimidad a necesitar una mayoría cualificada, sistema de votación común a la mayoría de materias decididas en el Consejo. La mayoría cualificada requiere que:

  • el 55 % de los Estados miembro vote a favor; lo que en la práctica significa el apoyo de 16 de los 28 Estados miembro.
  • los Estados miembro favorables a la propuesta representen al menos el 65 % de la población total de la UE.

Así, en el nuevo escenario, la capacidad de veto o bloqueo no se limitaría a un solo Estado miembro. La minoría de bloqueo requeriría de al menos cuatro miembros del Consejo que representen más del 35 % de la población de la UE.

El cambio en el sistema de votación en el Consejo sería un paso determinante para reforzar el margen de actuación de la UE en el ámbito fiscal, dinamizando su funcionalidad y ofreciéndole un mayor espacio de intervención. Entre otros, el comunicado de prensa de la Comisión señala expresamente que la reforma facilitaría la aprobación de medidas clave como por ejemplo la propuesta de “Base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades” (CCTB en sus siglas en inglés).

Aunque se antoja complicado, el comunicado publicado por la Comisión propone un plan de acción para poner en marcha un proceso de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema que culminaría en el 2025.