El acuerdo entre PSC-ERC sobre la financiación singular de Cataluña ha reabierto el cuestionamiento del Concierto Económico, así como del Convenio Económico Navarro, en las últimas semanas. No es la primera vez que ambos sistemas de financiación son acometidos por críticas desde la esfera política o mediática. Recuérdese la tensión vivida la pasada década de la mano de detractores del Concierto como el partido de Ciudadanos que generó, en respuesta, un movimiento en el País Vasco en defensa del mismo, culminando en la conocida Comunidad del Concierto.
En la situación actual, a pesar del blindaje jurídico en el que se enmarca el Concierto Económico Vasco, sobrevuela la posibilidad de que dichas posturas contrarias acaben ganando terreno y deterioren la imagen de esta institución financiera.
Mikel Erkoreka, director del Centro de Investigación del Concierto Económico y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del País Vasco destacó, en declaraciones a una entrevista para el diario La Vanguardia realizada el día 26 de agosto, dos derivadas generales del debate catalán en el ámbito del Concierto.
La primera es de carácter político y mediático, la cual se encuentra presente con la comparación entre el acuerdo catalán y el Concierto Económico. La segunda es la relativa al estatus jurídico del Concierto.
De esta forma, tal y como Erkoreka comenta, los beneficios que este acuerdo ha acarreado desde el punto de vista catalán son insoslayables pues ha supuesto un gran avance para la consecución de un sistema de financiación diferenciado del común. Desde la perspectiva vasca, la apertura del debate puede cristalizar en el cuestionamiento de aspectos controvertidos como lo son, principalmente, el de la transparencia del cálculo del cupo y la cuestión de la solidaridad.
“En cuanto a la transparencia, hay espacio para mejorar, sin duda, igual que lo hay en el caso del Sistema de Régimen Común, que es sumamente opaco e ineficiente”, apunta Erkoreka. En lo referente a la cuestión de la solidaridad, las instituciones vascas son conscientes de que se trata de uno de los aspectos más polémicos y discutidos, es por ello que en sus intervenciones públicas han resaltado hechos como la contribución al Fondo de Compensación Interterritorial que, acorde con el texto constitucional, materializa el principio de solidaridad o la aportación de un cupo mayor al correspondiente por peso económico o poblacional, sin olvidar la existencia de un riesgo unilateral, tan manifiesto en las crisis económicas pasadas.
Siguiendo dicha línea de argumentación, Mikel Erkoreka destacó también que “el sistema vasco asume un riesgo unilateral que pocas o ninguna autonomía querrían. Y funciona porque se ha desarrollado una cultura federal durante muchísimos años, con un federalismo fiscal muy particular y que asume un enorme riesgo. Las haciendas vascas asumen la capacidad recaudatoria y después contribuyen con el famoso 6,24%, que es más que su peso poblacional y el peso del PIB vasco, a los gastos del Estado en el conjunto de autonomías en lo relativo a las competencias no transferidas. Y eso se asume con una gran responsabilidad, como se vio en la crisis de 2008, un ejemplo de responsabilidad en el marco del federalismo fiscal comparado. Al contrario que en otras autonomías, que quebraron, aquí nadie iba a venir a rescatarte. Las haciendas vascas, en cambio, sí aportan para rescatar a otras comunidades o sufragar una deuda que no generan. Y también aportan al Fondo de Compensación Territorial, del cual no se benefician”.
Erkoreka, asimismo, apunta a múltiples modelos de federalismo fiscal que podrían resultar edificantes para el caso catalán, particularmente en cuanto a la cuestión de la solidaridad destaca los mecanismos de nivelación que se aplican en Suiza o el sistema Australiano.
Poniendo la atención en la otra derivada del debate, la jurídica, debemos afirmar que el concierto económico se encuentra perfectamente inserto en el ordenamiento jurídico español, guardando coherencia con lo establecido en el texto constitucional y particularmente con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª, que ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales. La institución también cuenta con un sólido respaldo jurisprudencial, tanto a nivel nacional como internacional. De esta forma, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado positivamente en lo que respecta al mantenimiento del Concierto. Respecto al ámbito internacional, no cabe olvidar el aval europeo que ha supuesto la jurisprudencia del TJUE en casos como el de la STJUE del 11/09/2008.
Desde el Gobierno vasco también se ha insistido en la férrea estabilidad jurídica de la que goza el concierto, de forma tal que la vicelehendakari del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea mencionó que “No hay mayor amparo y no hay mayor rigor jurídico que el que tiene nuestro concierto” destacando así mismo su singularidad.