La auditoría encargada por el Club Atlético Osasuna y exigida por la Ley de reestructuración de la deuda (conocida como “Ley Osasuna”), que fue aprobada por UPN, PSN y PPN, ha sacado a relucir varios incumplimientos fiscales que han motivado que la Hacienda Foral de Navarra haya presentado una denuncia contra Osasuna.
La “Ley Osasuna” contemplaba la dación en pago de su patrimonio (El Sadar y Tajonar, valorados en 43 millones de euros). Para garantizarse el cobro del resto de la deuda, la Hacienda Foral retendría de Osasuna el 25% de los derechos de televisión y el 25% de los derechos de traspaso de los futbolistas.
En la rueda de prensa ofrecida por el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, calculó que la nueva deuda podría estar calculada en unos seis millones de euros. La denuncia de Hacienda acusa al club de nuevos incumplimientos fiscales.
Las cifras que concreta la auditoría hablan de 3.455.00 euros en cuotas que no estarían prescritas. Osasuna considera que para el IVA no prescrito hay que remontarse a 2011 y, en el caso del IRPF, la prescripción la sitúa en 2012. A estos casi 3,5 millones de euros hay que sumarle recargos, intereses y sanciones. Desglosando la cantidad de casi 3,5 millones de euros, 2.895.000 euros se corresponderían con impagos de IVA (por los ingresos de las taquillas y abonos no declarados). Otros 560.000 euros corresponden con impagos de IRPF, referidos a primas de fichajes y de fidelidad, contratos privados, ayudas a vivienda y locomoción, así como a derechos de imagen.
Mikel Aranburu, consejero de Hacienda y Política Financiera, advirtió ante el Parlamento de Navarra que si la inspección llegaba a confirmar la existencia de nueva deuda no aflorada en Osasuna, esta nueva cuantía no tendría “cobijo ni amparo” en la ley foral de reestructuración del club.
El club ha manifestado que el importe calculado en la auditoría “ha de ser aminorado, ya que la deuda fue calculada por la propia Hacienda Foral a fecha de 31 de diciembre de 2014, siendo la Ley Foral del 2 de diciembre del mismo año”. Además ha indicado que “está comprometido con el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico”.
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