La Diputación Foral de Bizkaia acaba de remitir a la Fiscalía un nuevo caso de fraude en el que se denuncia la comisión de sendos delitos de estafa y falsedad documental por parte de un entramado empresarial que se dedicaba a obtener subvenciones de instituciones públicas por la realización de actividades de asesoramiento de I+D+I.
La investigación, que ha sido efectuada en los últimos meses por el equipo de inspección de la Hacienda Foral vizcaína, ha sacado a la luz una red en la que estaban implicadas cinco sociedades de consultoría y cinco personas físicas domiciliadas en Erandio, Barakaldo, Leioa y Basauri.
En el caso inspeccionado, las subvenciones se han obtenido del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, que también ha colaborado en la investigación, y de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, (SPRI), organismo adscrito a la Consejería de Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
La cuantificación de las ayudas defraudadas en concepto de subvenciones se determinará en la instrucción penal, si bien el delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del código penal y el de falsedad documental en el artículo 392, estando castigados cada uno de ellos con penas de prisión de seis meses a tres años.
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